En el marco de su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores, la transparencia y la eficiencia, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta dirigida a todas las instituciones del Estado, en la cual se establece la obligación de los proveedores de cumplir estrictamente con las normas laborales y de seguridad social durante la ejecución de los contratos públicos.
La circular, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, resalta que el cumplimiento de las obligaciones laborales constituye un principio esencial de integridad y ética contractual, reafirmando así el rol del Estado como garante del trabajo decente.
En el documento se instruye a las instituciones contratantes a supervisar de manera activa el respeto a los derechos de los trabajadores por parte de los proveedores del Estado, prestando especial atención a la inscripción en la seguridad social, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como el cumplimiento de la proporción del 80 por ciento de trabajadores nacionales.
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