Las revelaciones del exministro reabren el debate sobre los millonarios recursos de Educación, los sectores que buscan beneficiarse de ellos y las campañas que pueden destruir reputaciones. El tiempo permite examinar su gestión desde otra perspectiva.
EDITORIAL DE NOTI GOBIERNO
Las recientes declaraciones del exministro de Educación, Roberto Fulcar, publicadas por el periódico El Nacional, merecen una profunda reflexión nacional. No se trata simplemente de las explicaciones de un funcionario sobre su salida del Gobierno. Estamos ante señalamientos que, de comprobarse, revelarían hasta dónde pueden llegar determinados intereses cuando sienten amenazados sus privilegios económicos.
Fulcar aseguró que sectores influyentes, acostumbrados a beneficiarse de los recursos del 4 % del producto interno bruto destinado a Educación, llegaron a planificar su destitución.
Según sus declaraciones, un grupo de personas se reunió en un restaurante y decidió invertir cuanto fuera necesario para sacarlo del Ministerio, porque su permanencia representaba un obstáculo para quienes pretendían controlar esos recursos.
Son afirmaciones graves que requieren pruebas, identificación de responsables y las investigaciones correspondientes.
El Ministerio de Educación administra uno de los presupuestos más importantes del Estado dominicano. Estamos hablando de miles de millones de pesos destinados a garantizar el futuro de millones de estudiantes.
Alrededor de semejante cantidad de dinero confluyen intereses empresariales, comerciales, políticos y sociales. Contratos de construcción, alimentación escolar, tecnología, materiales educativos, servicios profesionales y múltiples proyectos representan oportunidades económicas legítimas, pero también espacios vulnerables a prácticas irregulares.
La gran pregunta es cuántos de esos recursos terminan realmente transformando la educación dominicana y cuántos pueden perderse en estructuras de intermediación, privilegios y negocios particulares.
Fulcar sostiene que, al asumir el Ministerio, encontró proyectos que recibían financiamientos millonarios sin una vinculación suficientemente clara con las verdaderas necesidades educativas.
También afirma que sus decisiones de priorizar los cupos escolares, la calidad educativa y las condiciones del personal provocaron resistencias.
Durante su administración se produjo una intensa controversia mediática. Las denuncias, cuestionamientos y ataques contra su gestión ocuparon numerosos espacios informativos.
Hoy, el exministro sostiene que parte de aquella ofensiva respondió a una campaña organizada para desacreditarlo y apartarlo del cargo. Esa versión merece ser examinada, aunque no puede considerarse demostrada únicamente por sus declaraciones.
Pero hay otro elemento que tampoco debe ignorarse: los resultados de su administración.
Fulcar asumió Educación en agosto de 2020, cuando la pandemia amenazaba con paralizar completamente el sistema educativo dominicano.
Durante su gestión se implementó la educación a distancia mediante televisión, radio y plataformas digitales; se distribuyeron alrededor de dos millones de dispositivos tecnológicos; se impulsó la reparación de más de cinco mil planteles escolares; se desarrolló el modelo Educación para Vivir Mejor; se promovió la transformación de liceos tradicionales en politécnicos; se inició un programa de enseñanza del inglés como segunda lengua; se fortalecieron iniciativas de alfabetización y formación ciudadana; y se aplicaron mejoras salariales al magisterio.
Son realizaciones documentadas que deben formar parte de cualquier evaluación equilibrada de aquellos dos años.
Otro acontecimiento importante ha sido la divulgación de los resultados de una investigación especial de la Cámara de Cuentas sobre su administración.
La auditoría no estableció irregularidades atribuibles a su gestión, sí formuló observaciones y recomendaciones sobre procedimientos administrativos, documentación y controles internos que es normal que esas recomendaciones se hagan en toda auditoria .
El tiempo tiene una virtud extraordinaria: permite revisar los acontecimientos con mayor serenidad, separar las acusaciones de las pruebas y distinguir los errores administrativos de las responsabilidades verdaderamente demostradas.
Las declaraciones de Roberto Fulcar abren nuevamente una discusión que trasciende su caso particular.
Ningún ministro debe ser condenado por campañas mediáticas, pero tampoco debe quedar exento del escrutinio público por alegar que existen intereses en su contra.
Si realmente hubo sectores que conspiraron para recuperar el control de recursos educativos, corresponde identificarlos y demostrarlo.
La educación dominicana no puede convertirse en un botín de grupos económicos, políticos o sociales.
El 4 % pertenece a los estudiantes, a los maestros y al futuro de la nación.
Y esa es la verdad fundamental que nunca debemos perder de vista.
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