El anteproyecto de ley de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social (CES) para ser debatido en la mesa temática de “Transformación e Institucionalidad”, propone cambiar el nombre del Procurador General de la República a Fiscal General, y designado por un único periodo de seis años, periodo por el que será inamovible.
El anteproyecto, discutido en la quinta mesa temática instalada la pasada semana en el marco del “diálogo por las reformas”, tiene como objetivo garantizar la independencia del Ministerio Público, robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, hacer más eficientes los procesos de la Administración Pública y consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral.
Aunque hasta el momento el anteproyecto no establece la nueva forma en que será designado el Procurador, propone cambiar la denominación de “Procurador General de la República” por Fiscal General de la República, Procurador General Adjunto del Procurador General de la República” por Fiscal General Adjunto al Fiscal General de la República, “Procurador General de Corte” por Fiscal Regional.
Así mismo, propone modificar el artículo 178 de la Constitución para excluir al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura.
Propone retirarle la responsabilidad de formular las políticas de Estado contra la criminalidad, limitándolo a ejecutar e implementar esas políticas diseñadas desde el Poder Ejecutivo.
Unificar las elecciones
El anteproyecto de ley de convocatoria de la reforma constitucional establece también la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales a partir del 2028.
La Constitución actual manda que se celebren las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo y las municipales el tercer domingo de febrero, el anteproyecto sugiere una reforma para que todas se realicen el tercer domingo de mayo, cada cuatro años.
Un transitorio establece que para el 2024 se mantengan separadas como en la actualidad. El proyecto constitucionaliza la eliminación del arrastre en todos los niveles de elección.
Para juez de la SCJ
El proyecto contempla que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia durante los cinco años previos a su designación, la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.
También establece que estos serán escogidos por un único periodo de nueve años y no podrán repetir. Podrán ser electos para un nuevo periodo aquellos que entraron y suplieron la parte del periodo restante de alguna plaza que haya quedado vacante.
Igual fórmula se le aplica a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.
Disposición
— Transitorio
La reforma convocada propone una disposición transitoria, con el propósito de disponer que las autoridades municipales electas en el 2020 durarán en sus funciones hasta el 24 de abril de 2024, fecha en que asumirán funciones las nuevas autoridades.
Cargos no deben ser dejados
Propuesta. El anteproyecto de ley de reforma constitucional propone que el presidente o cualquier funcionario electivo, cuyo periodo venza sin que se hayan podido realizar las elecciones correspondientes, permanecerán en su cargo hasta la toma de posesión de quien le sustituya.
El mismo establece la eliminación del artículo 274 párrafo I y, en su lugar, disponer que cuando venza el período constitucional de cualquier funcionario electivo sin que se hayan podido realizar las elecciones por alguna causa, el funcionario permanecerá en su cargo hasta la toma de posesión.
Así mismo contempla modificar el artículo 209 de la Constitución, con el propósito de agregarle un numeral 4 que disponga que la Junta Central Electoral deberá convocar antes de que venza el período constitucional de los funcionarios electivos.
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