Editorial: Transparencia y Rendición de Cuentas en la Gestión Pública

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, ha cumplido con lo establecido en la Ley 311-14, al enviar su Declaración Jurada de Patrimonio a la Cámara de Cuentas. Este gesto no solo es una obligación legal, sino también un acto de transparencia que refuerza la confianza ciudadana en la gestión pública.

El envío de esta documentación, acompañado de los soportes que la respaldan, es un paso fundamental para garantizar que los funcionarios públicos cumplan con su deber de rendir cuentas. La validación de esta declaración por parte de la Cámara de Cuentas y su posterior disponibilidad para la ciudadanía no es un mero trámite, sino un acto que debe ser visto como una muestra de respeto a las normas y un compromiso con la transparencia.

Es vital recordar que la Ley 311-14, que regula las declaraciones juradas de patrimonio, no es solo una formalidad, sino un pilar en la lucha contra la corrupción. La importancia de que todos los funcionarios públicos presenten su declaración al inicio de su gestión radica en la necesidad de tener un registro claro y detallado de su situación patrimonial, lo que permite verificar que sus bienes y recursos no crezcan de manera desproporcionada durante su tiempo en el cargo. De este modo, se busca evitar el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos y cualquier acto que ponga en duda la honestidad de quienes ocupan posiciones de poder.

Para un país en vías de consolidar su democracia, la transparencia en la gestión pública es uno de los valores fundamentales. La declaración jurada de patrimonio es una herramienta que debe ser utilizada no solo para cumplir con una normativa, sino para enviar un mensaje claro a la sociedad: los funcionarios están comprometidos con la rendición de cuentas y con el manejo responsable de los recursos públicos.

Es urgente que todos los actores del aparato gubernamental, sin excepción, se adhieran a esta práctica y no la vean como una obligación impuesta, sino como un deber ético y moral hacia el pueblo dominicano. En la medida en que más funcionarios cumplan con esta normativa de forma oportuna y detallada, la ciudadanía podrá tener mayor confianza en la administración pública.

Además, la Cámara de Cuentas juega un rol crucial en este proceso, ya que no solo debe recibir las declaraciones, sino que tiene la responsabilidad de verificarlas y hacerlas accesibles al público de manera eficiente. La transparencia en la administración pública solo será efectiva si las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento actúan con celeridad y rigor.

Por tanto, la declaración jurada de patrimonio no es un simple acto administrativo, sino una oportunidad para fortalecer las bases de una gobernanza transparente y responsable. Los funcionarios que inician su gestión deben entender que este paso es indispensable para construir una relación de confianza con la ciudadanía, y que la transparencia es una de las claves para el desarrollo y la estabilidad de cualquier país.

En conclusión, acciones como la de Guido Gómez Mazara deberían ser la norma y no la excepción. La República Dominicana necesita que cada funcionario público se comprometa a rendir cuentas desde el primer día de su gestión, ya que solo así podremos construir un país más justo, transparente y libre de corrupción.