La Cámara de Representantes aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley destinado a introducir debates electorales obligatorios en República Dominicana a partir de 2028 en los que deberán participar todos los candidatos presidenciales, parlamentarios y municipales.
El proyecto, aprobado por los legisladores con 98 votos, prevé que los candidatos que no participen en los debates serán penalizados con la restricción total del espacio que tienen para promover su causa.
“Se prevé la asistencia y participación de los candidatos presidenciales y vicepresidentes de la República, de la Asamblea Nacional y de las autoridades locales, al menos en un foro público organizado por la JCE”, señala el informe aprobado por los legisladores. Dos de los proyectos de ley propuestos por los diputados José Horacio Rodríguez, Melido Mercedes, Pedro Martínez, Aida López y Mateo Espaillat.
La iniciativa estipula que los temas de los debates electorales deben acordarse previamente con todas las facciones candidatas, así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil.
Además, el proyecto de integración prevé que los debates sean transmitidos por los medios públicos a disposición del estado. La colisión quedará registrada en el portal digital de la JCE, el cual será accesible al público una vez que se produzca la colisión.
Para llevar a cabo los debates, la JCE retiene una parte de los fondos asignados a los partidos políticos para apoyar financieramente los debates. El proyecto de ley propuesto enfatiza que la participación en los debates es gratuita y no tiene costo para los candidatos.
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El capítulo 5 del informe legislativo elaborado por la comisión parlamentaria establece la duración, formato, duración y temas de los debates, y las entrevistas se realizan el último lunes de noviembre, enero y marzo antes de la campaña electoral.
El debate se llevará a cabo dentro del plazo de campaña fijado por los artículos 20 a 23 de la Ley del Sistema Electoral.
De manera similar, el artículo 18 del documento legislativo establece que cada debate cubrirá una variedad de temas relacionados con el interés nacional, permitiendo a los candidatos profundizar en temas individuales en sus contribuciones. Los cinco legisladores que proponen el proyecto argumentan que la propia Ley 20-23 asigna a la JCE la responsabilidad de facilitar la discusión sobre los planes presentados por los partidos. Pero los legisladores argumentan que no existen reglas que obliguen a los candidatos a debatir públicamente sus ideas.
«Los debates electorales promueven la transparencia y la rendición de cuentas entre los candidatos que compiten por un cargo. Por lo tanto, son eventos en los que se juzga la calidad de sus propuestas electorales y los votantes pueden conocer a los candidatos y sus propuestas», explicaron los legisladores en sus discursos.
De manera similar, los miembros del Congreso argumentan que la falta de compromiso ha llevado a debates intermitentes o irregulares, lo que está teniendo un impacto negativo en el movimiento sufragista de la nación.
En discusión para segunda lectura
Luego de su aprobación en primera lectura, el presidente Alfredo Pacheco explicó que de ser presentado el proyecto, será discutido en segunda lectura antes de que finalice el período legislativo, previsto para el 25 de julio.

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