En un contexto de debate público sobre la reciente disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) que exige a los empleados de instituciones públicas reportar el pago de sus facturas de agua y luz, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), Celso Marranzini, salió en defensa de esta medida.
Marranzini expresó su desconcierto ante la controversia generada, argumentando que la solicitud de estas facturas es un paso común en los procesos de contratación.
“No entiendo el escándalo por la solicitud de facturas de consumo a empleados públicos. Porque cuando uno contrata a un colaborador en una empresa, lo primero que uno le pide es el currículum, saber qué ha hecho esa persona, salvo que esté contratando una botella”, afirmó.
La disposición ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la privacidad de los empleados, pero Marranzini sostiene que es un procedimiento estándar en el ámbito laboral que busca garantizar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de servicios públicos.
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