El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), con el propósito de fortalecer el financiamiento del sistema nacional de manejo de desechos, incentivar el reciclaje y reforzar las políticas de protección ambiental en la República Dominicana.
La información fue comunicada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, mediante una notificación oficial en la que se confirma la promulgación de la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
Asimismo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, informó que la nueva legislación se encuentra en proceso de publicación en la Gaceta Oficial, paso necesario para su entrada en vigor conforme a lo establecido por la ley.
La reforma, sometida originalmente por el senador Antonio Marte, modifica nuevamente la Ley 225-20, promulgada en 2020 y reformada previamente mediante la Ley 98-25 en diciembre de 2025.
Nuevas reglas para financiar la gestión de residuos
Entre las principales novedades, la Ley 36-26 establece una nueva escala de contribuciones que deberán realizar las empresas al fideicomiso público DO Sostenible, tomando como referencia sus ingresos brutos.
La normativa sustituye el esquema anterior de seis tramos por uno de doce categorías, permitiendo una distribución más precisa de las contribuciones según el tamaño económico de cada empresa.
Mientras la legislación anterior fijaba un aporte máximo de RD$675,000 para compañías con ingresos superiores a RD$100 millones, la nueva ley eleva ese tope hasta RD$2.2 millones para empresas cuyos ingresos anuales superen los RD$2,500 millones.
Otro cambio relevante consiste en que las contribuciones volverán a ser deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), una disposición que había sido eliminada en la reforma de 2025 y que generó cuestionamientos entre representantes del sector empresarial.
Además, las empresas privadas deberán realizar el pago en dos cuotas: el 50 % junto con la declaración jurada del ISR y el restante 50 % seis meses después.
La legislación también dispone que el Estado dominicano, a través del Presupuesto General, aporte un monto equivalente a lo recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con el objetivo de fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Más restricciones al foam y fortalecimiento de la economía circular
La reforma incorpora medidas dirigidas a impulsar la economía circular y mejorar la gestión integral de los desechos mediante nuevos mecanismos de recolección, valorización y disposición final.
Entre las disposiciones más relevantes figura la prohibición de importar productos fabricados con foam (poliestireno expandido), incluyendo pajillas, vasos, cubiertos y otros artículos de un solo uso que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Asimismo, la ley flexibiliza el aprovechamiento de los residuos al permitir que los generadores los entreguen clasificados en orgánicos e inorgánicos, facilitando su valorización y reciclaje.
Reforma fue promulgada pese al rechazo empresarial
La modificación de la Ley de Residuos Sólidos fue aprobada por el Congreso Nacional en medio de fuertes críticas por parte de diversas organizaciones empresariales, que cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como la rapidez con la que fue conocida y sancionada.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó que la reforma fue aprobada mediante un procedimiento de urgencia que limitó el debate con los sectores involucrados.
“La iniciativa constituye un nuevo golpe para el sector productivo y debió ser objeto de un proceso más amplio de consultas y análisis técnico”, sostuvo el Conep durante la discusión legislativa.
En la misma dirección, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que el nuevo esquema incrementa las cargas económicas para las empresas y fue aprobado sin estudios técnicos suficientes que justificaran su impacto.
La entidad también manifestó que las modificaciones generan inseguridad jurídica, al alterar nuevamente una legislación reformada apenas meses atrás, situación que, según afirmó, dificulta la planificación financiera y las decisiones de inversión.
Por su parte, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) cuestionó la celeridad con que fue conocido el proyecto y la ausencia de consultas con los sectores productivos y las instituciones responsables de aplicar la normativa.
Entrará en vigor tras su publicación oficial
Con la promulgación de la Ley 36-26, el Poder Ejecutivo reorganiza el esquema de financiamiento del sistema nacional de gestión integral de residuos sólidos, incorpora un nuevo mecanismo de recaudación administrado por la DGII, fortalece los aportes públicos al fideicomiso DO Sostenible y mantiene restricciones al uso de plásticos y productos de foam, como parte de las políticas dirigidas a promover una gestión ambiental más sostenible en el país.
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