Estado dominicano demanda a Falcondo

El Estado dominicano, por medio del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), interpuso una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de anular los contratos de concesión minera firmados con la empresa Falconbridge Dominicana, S.A. (FALCONDO), argumentando que dicha empresa ha incurrido en numerosos y graves incumplimientos en materia contractual, ambiental y laboral.

La acción judicial, de carácter público, fue interpuesta recientemente y contiene un extenso pliego de alegatos que, según el Estado, justifican la terminación de los acuerdos firmados con FALCONDO desde el año 1956. Entre los principales señalamientos se encuentra la existencia de daños ambientales severos en la zona de la concesión en Bonao, conforme informes técnicos preliminares.

Asimismo, se denuncia que FALCONDO habría incumplido con las normativas laborales vigentes en el país, situación que provocó la intervención del Ministerio de Trabajo ante reiteradas denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores.

Otro de los aspectos destacados en la demanda es la venta irregular de activos vinculados directamente a la concesión minera. Según consta en el expediente, FALCONDO transfirió varios inmuebles estratégicos a la empresa Gas & Oil Energy GOE, S.R.L., por un monto superior a los once millones de dólares (US$11,000,000.00), sin la debida autorización previa del Estado dominicano.

Esta operación habría violentado cláusulas contractuales esenciales que prohíben expresamente cualquier tipo de enajenación de bienes asociados a la concesión sin la aprobación formal del Estado, sobre todo cuando esos bienes muebles e inmuebles enajenados constituyen elementos inescindibles de la operación de la concesión.

El Estado sostiene que, al tratarse de contratos administrativos, tiene la facultad de rescindirlos unilateralmente cuando se configura un incumplimiento grave, especialmente cuando se ven comprometidos el medio ambiente, el patrimonio público y el bienestar de las comunidades afectadas.

El caso será conocido por el Tribunal Superior Administrativo, que deberá decidir sobre la demanda en cuestión.

La empresa cerró sus operaciones dejando pasivos con contratistas y otros acreedores por cerca de 100 millones de dólares que, casi dos años después, aún están reclamando el pago de sus acreencias por diferentes vías.

Este proceso judicial representa un paso significativo en la defensa del interés público, la protección ambiental y la gestión responsable de los recursos y activos del Estado.