Una auditoría forense financiera solicitada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reveló hallazgos alarmantes sobre la gestión del contrato de concesión para la emisión de licencias de conducir, firmado con la empresa Dekolor, S.R.L., entre 2020 y 2024. El informe, elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, identificó una diferencia de RD$730,405,431.25 entre lo que debió ingresar al INTRANT y lo que realmente recibió el Estado.
La revisión encontró además pérdidas acumuladas superiores a los RD$415 millones solo en 2023, así como irregularidades en los mecanismos de cobro a través de la empresa intermediaria PagoRD Xchange, S.R.L., que llegó a retener hasta el 90% de cada transacción realizada por los ciudadanos, dejando al Estado con apenas el 10%.
A raíz de estos hallazgos, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, solicitó asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Dirección General de Contrataciones Públicas para relanzar el sistema bajo un nuevo proceso de licitación. La decisión se tomó tras determinar que las adendas al contrato original fueron firmadas sin la aprobación del Consejo del INTRANT, y que las modificaciones generaron compromisos económicos sin respaldo institucional.
En paralelo, el INTRANT presentó una querella con constitución en actor civil contra Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña Aguilar y la gerente Sandra Oruña, por presuntas violaciones a leyes sobre soborno, lavado de activos, estafa contra el Estado y delitos de alta tecnología. Las acciones buscan que el Ministerio Público investigue la posible existencia de una estructura organizada de corrupción que afectó los intereses del Estado.
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